En los últimos años, el gobierno italiano ha intensificado sus políticas migratorias, adoptando medidas que han generado tanto apoyo como fuertes críticas dentro y fuera del país. Bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, el enfoque se ha centrado en el control de fronteras, la externalización de procesos migratorios y la aceleración de repatriaciones. Este artículo analiza cuatro elementos clave: Lampedusa, el hub de repatriación en Albania, la ruta balcánica y los problemas estructurales de los CPR (Centros de Permanencia para Repatriación). La política migratoria italiana se caracteriza por ubicar centros de detención en fronteras externas y el control de las rutas de tránsito.
Primero, la isla de Lampedusa representa la puerta Sur de Europa y sigue siendo uno de los principales puntos de entrada para migrantes que cruzan el Mediterráneo desde África. En 2025, la presión sobre sus instalaciones ha alcanzado niveles críticos, con miles de personas llegando en embarcaciones precarias. Las condiciones del centro de acogida han sido denunciadas por organizaciones humanitarias que alertan sobre el hacinamiento, la falta de atención médica y la insuficiencia de recursos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por reforzar la vigilancia marítima, los flujos migratorios continúan, impulsados por conflictos, pobreza y redes de tráfico de personas.
Por otro lado, uno de los proyectos más controvertidos del gobierno de Meloni ha sido el acuerdo bilateral entre Italia y Albania para establecer centros de detención y procesamiento de migrantes en territorio albanés. Se trata de un hub de repatriación externalizado que ahora se encuentra bajo escrutinio público. Los centros en Shëngjin y Gjadër fueron concebidos como espacios para gestionar solicitudes de asilo y facilitar repatriaciones rápidas de personas provenientes de países considerados “seguros”. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos legales: tribunales italianos han bloqueado detenciones por falta de garantías jurídicas y la Corte de Justicia de la UE aún debe pronunciarse sobre la legalidad de esta externalización. A pesar de ello, el gobierno italiano insiste en que estos centros son esenciales para combatir la inmigración irregular.
Mientras el Mediterráneo central sigue siendo una ruta peligrosa, la ruta balcánica ha ganado protagonismo como alternativa terrestre. Migrantes provenientes de Asia y Medio Oriente cruzan Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Bosnia antes de intentar ingresar a Italia por el noreste. Esta ruta ha generado tensiones diplomáticas entre países de tránsito y destino, y ha evidenciado la necesidad de una política migratoria europea más coordinada. Italia ha reforzado controles en la frontera con Eslovenia, pero la ruta terrestre por los Balcanes es cada vez más transitada y las redes de tráfico humano continúan adaptándose.
Los Centros de Permanencia para Repatriación (CPR) en Italia han sido objeto de denuncias y críticas constantes por parte de ONGs, periodistas y parlamentarios. Las condiciones de vida en estos centros son precarias: falta de asistencia médica, episodios de violencia, suicidios y protestas internas. El caso del CPR de Gjadër en Albania, gestionado por la cooperativa Medihospes (anteriormente investigada por irregularidades), ha reavivado el debate sobre la transparencia y legalidad de estas instalaciones. El gobierno ha destinado más de 130 millones de euros para su gestión, pero los resultados siguen siendo cuestionables.
Conclusión: ¿hacia dónde va Italia?
La política migratoria italiana se encuentra en una encrucijada. Por un lado, busca controlar los flujos y reducir la presión sobre el sistema de acogida; por otro, enfrenta críticas por violaciones a los derechos humanos y por medidas que podrían contravenir el derecho internacional. Lampedusa, Albania, la ruta balcánica y los CPR son piezas de un rompecabezas complejo que exige soluciones estructurales, cooperación europea y un enfoque centrado en la dignidad humana.
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